La Ley de Mediación 1/2025 tiene como objetivo principal establecer un vínculo directo entre la mediación y el sistema judicial, con el propósito de mejorar su eficacia. Esta normativa define la mediación como un proceso basado en la voluntad de las partes, en el que un mediador actúa activamente para facilitar la resolución de la disputa. Se diferencia de otros métodos alternativos como la conciliación o el arbitraje.

Según la exposición de motivos, la mediación se concibe como un mecanismo neutral, independiente e imparcial que ayuda a los involucrados en un conflicto a comprender el origen de sus diferencias, analizar las causas y efectos de la situación y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas.

La ley busca ofrecer a los ciudadanos una vía accesible y simplificada para resolver sus conflictos de manera autónoma, evitando la necesidad de recurrir a procesos judiciales complejos y costosos.

Además, incorpora al marco legal español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece normas mínimas para fomentar la mediación en litigios transfronterizos. Sin embargo, a diferencia de la Directiva, la legislación española amplía su alcance al establecer un marco jurídico general aplicable a todas las mediaciones realizadas dentro del país.

En cuanto a sus aspectos clave, la ley determina que su aplicación se limita a conflictos civiles y mercantiles, incluyendo aquellos de carácter transfronterizo, pero excluye la mediación penal, laboral y de consumo. Además, contempla la suspensión de la prescripción y la caducidad de las acciones legales desde el inicio del procedimiento de mediación, hasta la firma del acuerdo o la conclusión del proceso.

Otro elemento importante es la creación del Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, administrado por el Ministerio de Justicia en coordinación con las Comunidades Autónomas. Este registro público proporciona información relevante sobre los profesionales y entidades dedicadas a la mediación en España.

Asimismo, se establecen principios fundamentales que rigen el proceso de mediación, entre ellos: la voluntariedad de las partes, el derecho de disposición sobre el conflicto, la imparcialidad y neutralidad del mediador, y la confidencialidad del procedimiento, salvo excepciones reguladas por la ley.